Nadie los para | Ayer llegaron a Yotaú, mientras que desde el INRA surgen anuncios de proceso contra algunos de sus dirigentes por supuesto tráfico de tierras

Amenazas a dirigentes y un duro surazo no frenan la marcha - Efe Agencia

En medio de críticas a sus dirigentes, amenazas de denuncias contra el tráfico de tierras y un penetrante frío causado por el surazo que les impide acelerar su paso con rumbo a La Paz, la marcha de la Confederación de los Pueblos Indígenas (Cidob) continúa en pie, aunque con el mismo numero de marchistas, unos 500, que inició la medida el pasado 21 de junio, ya que muchas familias tuvieron que volver a sus lugares de origen para dejar a sus hijos, obligados a retornar a clases.

Tras la reanudación de la marcha el pasado lunes, luego de una larga pausa originada por un frustrado acercamiento con el Gobierno, los marchistas llegaron ayer por la tarde a la localidad de Yotaú, donde acamparon para seguir en las próximas horas hasta la localidad Los Puentes y luego a San Ramón, todavía en territorio cruceño, informó desde esa localidad la presidenta de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Trópico Cochabambino, Rosa Chao.

“Nos quedamos en Momené hasta hoy (08:30) porque el frío es tremendo. No podemos salir de madrugada”, dijo.

Explicó que tras su llegada a San Ramón, un equipo de avanzada de la marcha les indicará la siguiente ruta que deben seguir, para llegar aproximadamente dentro de un mes a La Paz.

“Estamos nomás con las ganas de marchar, de seguir luchando para conseguir nuestros objetivos. No podemos dejar la medida porque nuestras propuestas siguen en pie en el tema de tierra y territorio”, sostuvo Chao.

Mientras, en las esferas del Gobierno y de movimientos afines al oficialismo se multiplicaban las críticas contra los dirigentes de la Cidob no sólo por desgastar ese movimiento, sino por no tener la capacidad de negociar con las autoridades, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz anunció una investigación y un posible proceso contra dirigentes de esa organización por tráfico de tierras, según la Red UNO.

En una entrevista con la red UNO de Bolivia, el director del INRA de Santa Cruz, dijo que ante una denuncia de tráfico de tierras se procederá a la investigación, ya que todo asentamiento posterior al año 1996 en esa zona es ilegal, según la Ley 3545.

“Todo tráfico de tierra, sea de donde viniere, serían sujetos a un proceso”, dijo el representante del INRA.