2010-03-12 19:42:23

Dany Jimenez M* – La polémica de las represas hidroeléctricas en la frontera boliviano-brasileña ha vuelto a la agenda de discusión pública nacional con novedades interesantes.

Hace algunos años el gobierno de Brasil anuncio que estaba en marcha la construcción de un complejo hidroeléctrico en la zona de frontera con Bolivia, precisando su ubicación en el cauce del caudaloso Rio Madera. Las características del megaproyecto refieren a las represas de Jirau y San Antonio en el lado brasilero, la de Riberao en el cauce fluvial binacional y la de Cachuela Esperanza en territorio boliviano. Estas gigantescas obras conforman el Complejo Hidroeléctrico del Rio Madera, con un perfil de generación de energía eléctrica en base a unas estructuras colosales en la selva amazónica que forman parte de la IIRSA entre Bolivia y Brasil.

En noviembre del año pasado en la ciudad de La Paz la firma canadiense TECSULT-AECOM presento el Estudio a Diseño Final de construcción de la Represa Cachuela Esperanza con resultados que dejaron más dudas que certezas entre los asistentes. Como antecedente se debe mencionar que el gobierno de Bolivia adjudico a esta firma norteamericana en agosto del año 2008 dicho estudio a través de un contrato por 8.179.928 $us, que debía contener detalles de evaluación de impactos ambientales en la potencial zona de construcción.

La exposición de TECSULT no logro convencer a muchos representantes de organizaciones sociales del área de influencia del proyecto, muy bien asesorados por un abanico de grupos ambientalistas que se han constituido en férreos opositores a la iniciativa desde que el Estado boliviano asumiera Cachuela Esperanza como una prioridad nacional la electrificación del norte amazónico mediante Ley No. 549 del 13 de mayo del año 1983.

La central hidroeléctrica de Cachuela Esperanza (población situada en el Departamento de Beni, Bolivia a 10 kilómetros de la ciudad de Riberalta   —–   son casi 100 kilómetros, WN) se encamina a concretarse en realidad, más aun con la palabra oficial del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables que aseguró que las respectivas licitaciones de las obras civiles y la sala de maquinas se lanzarían durante el primer semestre del presente año.

Pero Cachuela Esperanza es concebida como un proyecto comercial por delante de las necesidades sociales del olvidado norte amazónico boliviano. El documento presentado por TECSULT establece un potencial de generación de 890 MW para un conjunto de tres poblaciones; Guayaramerin, Riberalta y Cobija que demandan en total menos de 20 MW de energía eléctrica. Para el gobierno boliviano el interés comercial combinado con el impacto mediático del proyecto hacen atractiva esta iniciativa. TECSULT ha confirmado el primer punto en los detalles técnicos del documento que elaboro señalando que la Central Hidroeléctrica de Cachuela Esperanza sería viable en el contexto de un 95% de energía exportable; en este caso a Brasil.

Las obras de la central están estimadas en 1.500 millones de $us, en tanto que los ingresos por venta de electricidad estarían en función de las negociaciones de precio con Brasil. El Estudio de la firma canadiense implica un costo de generación de 65 $us por MW/h, muy inferior a los 43 $us por MW/hora que habría ofertado el consorcio ESBR al gobierno de Brasil en mayo del 2008 por la Represa Jirau. En este punto se tornaría compleja una negociación con un comprador que es capaz de generar hidroelectricidad a mayor escala con precios más bajos.

Presionado por las enormes implicaciones socioambientales que se ciernen del otro lado de la frontera, con Jirau, San Antonio y Riberao impulsados por Brasil, el gobierno de Bolivia intenta compatibilizar un gran proyecto que toca la sensibilidad comunitaria con presiones ambientalistas que amenazan multiplicarse.

Eventualmente Cachuela Esperanza podría significar una difícil decisión para la Administración de Evo Morales, más aun cuando el país dejo de ser un exportador fiable de energía gasífera en los últimos 5 años. El panorama futuro podría definirse en torno a la valoración de tres importantes factores.

Primero; el presidente Evo Morales viene protagonizando estelarmente una campaña internacional contra el cambio climático y el calentamiento global asumiendo un compromiso profundo con el cuidado del Medio Ambiente y la Madre Tierra (Pachamama en lengua aimara). Tras la Cumbre de Copenhague, Morales anuncio la celebración de otro evento de la misma naturaleza a realizarse en abril en Cochabamba donde las organizaciones sin voz en Dinamarca podrán asistir a proponer alternativas de solución incompatibles, es de suponer con la visión de desarrollo de las grandes potencias industriales del planeta. Es así que Bolivia, como Estado y actor internacional debe demostrar grandes ejemplos de protección del medio ambiente en su propia realidad interna.

Cachuela Esperanza en términos ambientales-afirman técnicos de la ONG boliviana FOBOMADE- implica que el tramo del Río Beni a ser afectado por la represa y el área inundada por el embalse- que alcanza nada menos que 690 km2-, será proporcionalmente mucho más grande que los proyectos brasileños; 271 km2 en el caso de Jirau y 258 km2 en Santo Antonio sin efecto de remanso. Es decir, según las características de cada proyecto, Cachuela Esperanza inundaría una superficie diez veces mayor por unidad de potencia instalada.

Segundo; la necesidad de ampliar la red de provisión de energía eléctrica en Bolivia es cada vez más sentida. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanza solo a 6 de las 9 regiones del país y únicamente a una pequeña parte de esa área de cobertura. Las poblaciones del norte amazónico reciben energía eléctrica a partir del diesel que es subvencionado en un 60% por el Estado. Con una provisión parcial durante el día y a precios más elevados que el área de cobertura del SIN, la realidad contrasta con una ausencia critica del Estado en esta parte del país. Durante los últimos años varias empresas han presentado proyectos de construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencias inferiores a los 50 MW para las distintas poblaciones del norte amazónico boliviano. Expertos ambientalistas coinciden en que este tipo de obras sintonizan mejor con el medio ambiente y responden a una precisa cuantificación de las necesidades de electrificación en esta zona.

FOBOMADE por ejemplo publico en diciembre del año pasado un estudio en el que insta a las autoridades bolivianas a promover emprendimientos de generación hidroeléctrica en pequeña escala utilizando la fuerza de las cachuelas de importantes afluentes como el Rio Yata o el Tahuamanu. Hasta ahora no se conoce ninguna obra adjudicada de este tipo.

Tercero; el gobierno actual de Bolivia ha establecido como prioridad dentro de su Política de Defensa la presencia militar en regiones fronterizas con escasa densidad demográfica. En este contexto se creó en el año 2008 una unidad amazónica de las Fuerzas Armadas para custodiar y ejercer soberanía nacional en la inhóspita frontera selvática con Brasil.

El proyecto Cachuela Esperanza podría contribuir a esta tarea despejando parte de la impenetrable vegetación amazónica en la frontera norte, promoviendo además asentamientos humanos atraídos por fuentes de empleo y espacios habitables.

La megaestructura hidroeléctrica aun no ha tenido un impacto mediático en la opinión pública boliviana más allá de críticas y protestas emergidas de grupos ambientalistas nacionales y extranjeros, sin embargo las cosas pueden virar drásticamente al momento de iniciar las primeras obras en el lugar, donde se tiene constancia de un complejo ecosistema del que dependen vidas humanas, animales y una variada flora local.

De otro lado, las represas restantes del Complejo Hidroeléctrico del Rio Madera que están siendo construidas por el gobierno federal de Brasil juegan un papel importante en la relación fronteriza a nivel de grupos sociales que habitan la zona. Recientemente el gobierno de Lula da Silva a través del Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Marcio Zimmermann anuncio que se habían establecido mecanismos para minimizar los impactos ambientales de las represas mediante la construcción de las Usinas Plataforma.

Después de todo Brasil es un país con grandes necesidades de energía y una población que se distribuye en un territorio 8 veces más grande que el de Bolivia. Por tanto, las grandes represas del IIRSA serán una tarea a culminar por la siguiente administración que le suceda al Presidente Lula da Silva este año.

Bolivia puede apostar a un proyecto de envergadura como el de Cachuela Esperanza e inscribirlo en los registros de mayor polémica de la gestión de Evo Morales o sacrificar el impacto mediático que generalmente tienen las políticas sociales del gobierno central con estructuras discretas más ajustadas a las características socioterritoriales del norte amazónico.

*Sociólogo

http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/28452-los-aranazos-de-la-hidroelectricidad-en-la-geopolitica-boliviana.html