El Comité de Vigilancia y otros representantes de organizaciones sociales de Tiraque ayudaron a lograr calidad en la construcción del coliseo de Tiraque. RED PCCS

El secretismo como esencia del poder político y de intereses económicos es una de las prácticas que todavía frena el libre acceso a la información, al control social y a las rendiciones públicas de cuentas. En contraste, la transparencia y la información contribuyen a la construcción de un Estado sin corrupción y fortalecen la democracia.

Los ciudadanos todavía no saben que pedir cuentas a las instituciones públicas es su derecho y cuando asumen esta decisión no cuentan con las herramientas necesarias, ni con normativas que respalden sus exigencias.

Éstas son algunas de las conclusiones a las que se llegó el jueves 29 de marzo en el Taller “Situación de la política de transparencia de la gestión pública en Bolivia”, organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc).

Los periodistas de La Paz, Cochabamba y Riberalta constatan a diario la dificultad de acceder a la información pública. La situación se hace más difícil en las zonas rurales del país, donde la falta de información es un fenómeno común.

En Cochabamba, las instituciones públicas cuentan con páginas web, pero están desactualizadas y cuentan con información muy general. Por ejemplo, la página de la Gobernación, si bien incluye un link de auditoría, solo establece la lista de las tareas pero no los resultados. La última convocatoria publicada está fechada el 12 de septiembre de 2012.

El sociólogo Jorge Komadina explica que las investigaciones confirman deficiencias de información en la actual Gobernación de Cochabamba, así como en anteriores gestiones.

INTERESES En la época del neoliberalismo, por ejemplo, hubo intereses concretos de empresas petroleras para que no se revelen los contratos de operación y de exploración en el Estado boliviano, “hubo un interés económico muy concreto”. Komadina dice que también se trata de un problema cultural, pues “el secreto parece ser la esencia del poder político porque la información es poder y en torno a la información hay un juego de poder”.

Komadina reconoce que existen importantes avances en la construcción de Transparencia del Estado boliviano como la promulgación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, faltan normas que garanticen el acceso a la información y sancionen a los funcionarios públicos que la ocultan.

Para Komadina es extraño que no se trabaje en la Ley Marco de Control Social que está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE), pero “hasta ahora no hay ni un proyecto claro de Ley de Control Social y no es parte de la agenda prioritaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Faltan leyes específicas, más operativas, más prácticas para permitir que los ciudadanos puedan acceder a información o para organizar bien los procesos de rendiciones de cuentas.

Desde la perspectiva de Komadina, hay un desafío en materia normativa y en la cultura de transparencia.

Otro desafío tiene que ver con el fortalecimiento, eficiencia y eficacia de las instituciones públicas. “Necesitamos instituciones fuertes con tecnología y con personal preparado capaz de encarar la tarea de brindar información y de interactuar permanentemente con la sociedad civil y con la gente”, dice Komadina.

Además, se requiere que los medios de comunicación e investigadores puedan trabajar conjuntamente para elaborar propuestas conjuntas al Estado para mejorar el sistema de transparencia en Bolivia.

YPFB restringe información económica a la ciudadanía

La Fundación Jubileo de La Paz realiza investigaciones sobre la transparencia en el manejo de la información y las alternativas de control social a instituciones estatales.

El responsable del área de industrias extractivas monitoreo y vigilancia, Raúl Vásquez, reclama por la falta de información en la página oficial de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre los contratos con las empresas petroleras, áreas de exploración y sobre la situación económica financiera.

Velásquez explica que existe información general que debe ser de carácter público y no lo es. Se trata de informes anuales de reservas certificadas de petróleo y gas natural, contratos de operación para actividades de exploración, avance de todas las actividades a nivel nacional en los PTP.

Otros datos importantes que los ciudadanos deben conocer son las indemnizaciones, compensaciones y/o contribuciones realizadas a las comunidades afectadas por las actividades de exploración; el estado de exploración de las 56 áreas reservadas que fueron adjudicadas de manera directa a YPFB y los mapas sobre el potencial hidrocarburífero del país.

Por otro lado, tampoco permiten el acceso a datos técnicos sobre la capacidad de almacenaje de las distintas plantas ubicadas en todo el territorio nacional y de los volúmenes almacenados en cada una de ellas; la programación mensual de entrega de combustibles a cada departamento y zona comercial.

DAÑO Se desconocen las acciones e inversiones para la prevención y mitigación de daños ambientales relacionados con el almacenaje de hidrocarburos. El tema ambiental es uno de los aspectos más olvidados en la difusión informativa.

No se conocen los mapas y la capacidad de las plantas de almacenaje, tampoco los volúmenes históricos de combustibles (gasolina, diesel oil, GLP) transportados y entregados al mercado interno.

No hay cifras de los volúmenes mensuales de Gas Natural comercializados en el mercado interno, de los exportados mensualmente a Brasil y a la Argentina, así como a nuevos mercados de exportación. Por otra parte, no hay información disponible de los volúmenes de combustibles líquidos comercializados mensualmente en el mercado interno (gasolinas, diésel oil, GLP); tampoco de los precios de venta de hidrocarburos que se publiquen mensualmente.

También se desconoce la programación mensual de entregas de combustibles para cada departamento, así como los volúmenes históricos comercializados de cada producto.

Caso del coliseo de Tiraque es modelo sobre participación

La conclusión de la construcción del coliseo municipal de Tiraque, en condiciones aceptables, es un ejemplo de la posibilidad de ejercer control social. Pero también refleja las “peripecias” para el cumplimiento de este objetivo, principalmente por la restricción de información, es decir, la falta de documentos como el contrato de trabajo y el proyecto a diseño final.

La iniciativa la protagonizaron los representantes del Comité de Vigilancia, y de la Comisión de Consulta y Toma de Decisiones con apoyo de la organización Participación Ciudadana y Control Social (PCCS). La herramienta implementada por tratarse de un obra de construcción fue el peritaje.

La responsable de PCCS, Patricia Coca, explica que al iniciar la experiencia recibieron todo el apoyo necesario para lograr la conclusión del proyecto, sin embargo, en el proceso se presentaron obstáculos.

A raíz del peritaje se realizaron importantes modificaciones a la obra: corrección a las soldaduras, derrumbe de muros de ladrillo que se encontraban torcidos y mejoras en el sistema eléctrico, entre otras.

Coca explica que con las herramientas necesarias los vecinos pueden poner en práctica sus derechos de controlar sus proyectos. La profesional adelanta que para el control de temas sociales como la atención en salud, por ejemplo, se han diseñado libretas donde los ciudadanos tienen opciones para llevar adelante el seguimiento y vigilancia.

Los pobladores de Tiraque asumieron la decisión ante la demora del proyecto y los constantes incrementos en el presupuesto. Se trata de una obra en el marco del programa Bolivia Cambia y Evo Cumple cuyo costo inicial fue de Bs 2.514.000 pero en el proceso hubo incrementos de Bs 700.000 y Bs 500.000.

Algunos aspectos que quedaron pendientes fueron la solicitud de una evaluación “Técnica Administrativa Financiera” entre los Comités de Tiraque, supervisión y la Alcaldía.

La experiencia sacó a la luz problemas que se presentan en todo el país, según las opiniones vertidas por periodistas de Riberalta y de La Paz.

Periodistas son premiados por trabajos sobre transparencia

“Vamos con nuestra Constitución haremos control social y al diablo con la corrupción” es la tonada chapaca interpretada por el periodista Álex Saúl Sossa Aguilera que, vestido con un traje típico de Tarija, realiza la presentación de su trabajo radiofónico galardonado en el concurso convocado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc) sobre Transparencia.

Junto a Sossa, los periodistas de Cochabamba Álvaro Alcón de Radio Centro y Jackeline Rojas de Los Tiempos presentaron sus reportajes ganadores en el Taller “Situación de la política de transparencia de la gestión pública en Bolivia” realizado en la Casa Campestre el 29 de marzo.

El programa radiofónico “Adolescentes y jóvenes transparentes” encara la temática de la corrupción en las instituciones públicas. El primer premio fue por el enfoque periodístico donde se usaron recursos humorísticos y un lenguaje coloquial.

La periodista Jackeline Rojas presentó un reportaje periodístico en el que hace referencia a la tendencia represora de las instancias de Transparencia, antes de asumir acciones preventivas que promuevan una cultura de Transparencia. Con el título “Transparencia orienta acción represora más que preventiva” el reportaje se centra en la penalización de la lucha contra la corrupción.

Álvaro Alcón realizó un programa radiofónico sobre la solicitud del avance trimestral de la ejecución del programa de la Gobernación con el título “Transparencia y fiscalización: un puente democrático que falta construir entre todos”.

Óscar Martínez, que realizó el trabajo “Cultura de Transparencia… ¿Es posible?”, no estuvo presente.

Participaron 11 periodistas con el objetivo de profundizar su compromiso de contribuir en el tema de la Transparencia.

Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0413/noticias.php?id=51808