Lo peor son las condiciones de existencia que en las cárceles deben padecer los reos, sobre cuya mayoría no pesa sentencia ejecutoriada alguna.

Los males que aquejan a nuestro sistema penitenciario no son algo extraño, sino una situación muy común en casi todos los países subdesarrollados del mundo, como Bolivia.

A la ausencia de una adecuada infraestructura carcelaria, así como de los recursos económicos, que no permiten ni siquiera cubrir un sistema de alimentación básica y de un suficiente personal policial que realice las tareas de vigilancia, control y seguridad en los recintos penales, se agrega la saturación de los espacios carcelarios debido a la creciente población internada en esos centros de reclusión.

El crecimiento de la población penal en el país tiene dos vertientes: por un lado, el incremento demográfico en las ciudades del eje central (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) y del eje subcentral (Sucre, Oruro, Potosí, Tarija y Cobija) y, por el otro, los elevados índices de pobreza extrema con desocupación, disgregación de los núcleos familiares y otras deficiencias propias de un sistema social inadecuado y otras causas vectoras de la criminalidad.

De ahí que capitales de departamentos cuya población supera el millón de habitantes, como Santa Cruz y La Paz, a causa de los referidos factores, sean consideradas hoy como las ciudades de mayor población penal a escala nacional con miles de internos hacinados, cuando en realidad son recintos construidos para una población de no más de 350 internos. Naturalmente que los 2.700 reos que hoy se apretujan en la estrecha y congestionada cárcel de Palmasola, por ejemplo, son el correlato porcentual de tan drástico crecimiento demográfico. Las demás cifras hablan por sí mismas: apenas se dispone allí de 180 policías al cargo de tareas de control y vigilancia; estos roles son de tan poca relevancia que nada ni nadie puede impedir que los internos, desde las celdas y los patios del recinto, dirijan bandas delincuenciales organizadas, a veces en complicidad con algunos agentes policiales, que cometen robos y asaltos en diferentes lugares. El problema es similar en las cárceles de otras ciudades del país, como La Paz, El Alto o Cochabamba.

Lo peor vienen a ser las condiciones de existencia que dentro de los centros de reclusión deben padecer los reos, sobre cuya mayoría no pesa sentencia ejecutoriada alguna. Mala alimentación y pésima atención en salud. Muchos internos padecen tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Naturalmente, no son pocos los casos de internos que han llevado a esos recintos a su esposa e hijos y que hacen malabares para alimentarlos.

Situaciones muy singulares, claro, que nos permiten determinar que las condiciones subhumanas en las que viven las miles de personas internadas en las cárceles bolivianas impiden a los recintos carcelarios cumplir con el objetivo por los cuales han sido creados: la recuperación definitiva de dichos internos para la sociedad.

Algo habrá que hacer para que nuestro sistema penitenciario supere los males referidos. Se trata de un verdadero reto, éste, para el Gobierno nacional. Si no lo asume a plenitud, el país corre el riesgo de que a plazo mediato explote esta verdadera bomba de tiempo que hoy constituyen las cárceles de nuestro país.

Fuente: http://www.laprensa.com.bo/noticias/27-9-2010/noticias/27-09-2010_4582.php