La marcha pone en duda la validez de la Constitución como expresión de las aspiraciones de pueblos originarios que se consideraban marginados…

“La marcha es el hecho más negativo para la campaña en que se encuentra el Gobierno de mostrarse como el campeón de los pueblos originarios, y al presidente Morales como una especie de líder espiritual de todos los pueblos autóctonos del mundo.”

Como ocurrió hace 20 años, cientos de indígenas de las tierras bajas, del departamento del Beni, han iniciado una marcha de protesta que se propone llegar hasta la ciudad de La Paz.

Se suponía que la Asamblea Constituyente de 2007 había sido convocada para atender las exigencias de aquella marcha de 1990, pero ocurre que los pueblos originarios del oriente no están contentos con los resultados y persisten en exigir aquellas demandas insatisfechas.

La titulación de tierras y la garantía de autogobierno son las banderas que lleva la marcha que partió de Trinidad y que ha sido bombardeada persistentemente por acusaciones y versiones lanzadas por el Gobierno para desprestigiarla.

En lugar de una invitación al diálogo, el Gobierno ha acusado a los dirigentes de la marcha de ser empleados de la agencia norteamericana USAID. Los dirigentes originarios que encabezan la marcha han retado al Ejecutivo a dar a conocer los nombres de los empleados de la mencionada agencia.

El Gobierno nacional se ha encontrado con un duro rival, pues los dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), solidarios con sus hermanos de las tierras bajas, han denunciado a su vez que, al contrario, algunos dirigentes del partido de Gobierno son empleados de USAID. Además, los dirigentes de pueblos originarios le han pedido al Gobierno que expulse de una buena vez a USAID de Bolivia y dé a conocer los nombres de los colaboradores de aquella agencia norteamericana.

Mientras se dan esos desafíos y denuncias cruzadas, los marchistas siguen su camino hacia La Paz, como una denuncia evidente de que el Gobierno del presidente Morales no representa a los pueblos originarios y no atiende las exigencias que ellos tienen para el cuidado del medio ambiente.

La marcha es el hecho más negativo para la campaña en que se encuentra el Gobierno de mostrarse como el campeón de los pueblos originarios, y al presidente Morales como una especie de líder espiritual de todos los pueblos autóctonos del mundo.

Pero el hecho más lamentable para el Gobierno es que la marcha pone en duda la validez de la Constitución como expresión de las aspiraciones de los pueblos originarios que se consideraban marginados en 1990 y ahora, 20 años después, revelan que no han avanzado nada.

¿Quién se adueñó de la Asamblea Constituyente que no ha cumplido con los pueblos originarios que exigieron que ella se realice para atender sus demandas? Esta pregunta estaba presente en los días tensos en que la mencionada Asamblea dejó de reunirse en la ciudad de Sucre y comenzó un peregrinaje que los expertos llamaron inconstitucional, porque terminó sesionando en un local del partido de Gobierno en Oruro.

Cientos de ciudadanos de las tierras bajas están marchando en este momento hacia La Paz demostrando que el texto de la CPE no los tuvo en cuenta.

Quizá sea oportuno que los bolivianos afinen los detalles para que el documento elaborado de manera tan accidentada sea corregido y termine reflejando las ansias de cambio de todo el país, y no de una élite de intelectuales con añoranzas de una izquierda resfriada.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/25-06-10/noticias.php?nota=25_06_10_edit1.php