El senador oficialista por el Beni, Freddy Bersatti, acusó el lunes a sus colegas de la oposición y a los dirigentes cívicos de ese departamento de impulsar un paro cívico para ocultar los “actos ilícitos” del gobernador electo, Ernesto Suárez, cuando ejercía el cargo de prefecto, entre 2006 y 2009.

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foto: reuters

NOTA BENE:

El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de forma indebida. Fuente: WIKIPEDIA

“El ex prefecto tiene varios procesos en camino, no se si está imputado, pero tiene varias denuncias y el paro cívico está dirigido a proteger, a ocultar una serie de actos ilícitos”, dijo a la prensa.

La aprobación de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas, el pasado domingo en la Asamblea Legislativa, originó el lunes una serie de movilizaciones en Beni, entre ellas marchas y un paro cívico, porque supuestamente esa norma pone en riesgo la administración de Suárez, electo como Gobernador de ese departamento en los comicios regionales del 4 de abril último.

Bersatti, del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), aclaró que esa ley sólo establece la suspensión temporal de las autoridades que sean acusadas formalmente por la justicia, en materia penal y no está orientada a atacar a nadie.

“En el Beni todo mundo ya conoce la actuación del ex Prefecto del departamento y lo que se quiere con el paro es básicamente ocultar, tapar una serie de irregularidades administrativas”, insistió.

Contra Suárez hay dos denuncias planteadas por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por, supuestos, daños económicos al Estado, aunque todavía no llegaron hasta una imputación formal.

Las protestas contra esa ley se replicaron en Santa Cruz y Tarija, donde los gobernadores electos de esos departamentos Rubén Costas y Mario Cossío, respectivamente, acusaron al oficialismo de fraguar un complot para evitar que los representantes de la oposición gobiernen esas regiones los próximos cinco años.

Según esa ley, Suárez, Costas y Cossío deben jurar como gobernadores el próximo 30 de mayo y deberán ser posesionados por el presidente Evo Morales.

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