“O sea, legalizando, se termina lo ilegal.”

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La primera tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional será la aprobación de una ley por la cual se amplía de 12.000 a 20.000 hectáreas el área de cultivos legales de coca.

La cifra pasa por alto la existencia de un total superior a las 55.000 hectáreas (26.258 en Chapare y 27.661 en Yungas), con lo que se mantiene la costumbre de usar eufemismos en esta materia.

En efecto, desde que surgieron los cocales ilegales de Chapare se optó por llamarlos ‘excedentarios’, en lugar de ilegales, porque era preferible aludir al hecho de que exceden a lo autorizado.

Ahora, el presidente Evo Morales, dirigente de todos los cocaleros ilegales de Chapare, dice que sería justo reconocer a los cocaleros de esa zona el derecho a tener un cato por familia.

Lo dice con una exhibición de muy poca modestia, porque alude al hecho de que es preciso hacer justicia a los cocaleros de Chapare por haber contribuido con un líder nacional de su estatura. Con lo que queda claro que el triunfo del 6 de diciembre fue, en resumidas cuentas, el triunfo de la coca ilegal, de aquélla que, en 99%, se destina al narcotráfico.

No hay en otros países partidos políticos vinculados tan estrechamente con actividades económicas ilegales.

En Afganistán, los productores de amapola y de opio llegaron a tener una relación muy estrecha con el Partido Democrático, pero luego sus líderes optaron por desligarse, porque las creencias musulmanas, mayoritarias en ese país, así lo recomendaban.

En Colombia, como se sabe, las FARC y el ELN, ahora unidos en una alianza de conveniencia mutua, no han llegado a postular a un candidato a la Presidencia. Esos dos grupos de terroristas dedicados al secuestro masivo de personas, se han conectado con mafias que controlan el paso de la cocaína por el río Orinoco, de Venezuela, convertido en el mayor centro de tráfico de la droga en Sudamérica.

En Perú, Sendero Luminoso, en la fracción de Víctor Quispe Palomino, se ha refugiado en el valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), pero no puede conectarse con los movimientos urbanos y se mantiene sólo con un grupo armado que protege a los cocaleros (ilegales) y a los narcotraficantes de la zona, a cambio de una fuerte comisión.

En Bolivia, el Gobierno del MAS acaba de dar, en las últimas horas del año 2009, la prueba de que los cocaleros están por encima de los intereses del resto de los bolivianos.

En efecto, el ministro de Economía, Luis Arce, respondió con displicencia al pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que proponía un diálogo entre los dos países para reponer la vigencia del Atpdea a favor de Bolivia.

El ministro Arce dijo que el Gobierno boliviano no moverá un dedo para avanzar en ese diálogo. La explicación está en el hecho de que cualquier diálogo para reponer el Atpdea obligará al Gobierno a frenar el proyecto de aplicación del área autorizada para los cultivos de coca.

En un plato de la balanza se ha puesto los 73.000 empleos perdidos en 2009 por la falta del Atpdea y en el otro el interés de los cocaleros de Chapare. Ganaron los últimos, con una amplia ventaja del 64%. Los triunfos son para disfrutarlos.

* Periodista

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/2010/2010-01-03/vernotacolumnistas.php?id=100102201930