(Foto de la CUMBRE II)

La denominada “Cumbre 3” de Planificación Participativa  aprobó  la POA y Presupuesto 2010 el municipio de Riberalta, sobre la base de aproximadamente 80 millones de bolivianos provenientes de Coparticipación Tributaria, IDH, Recursos Propios y otras transferencias, destacándose una disminución de  un 35% con relación a la programación del  año 2009.

El sábado 12 de los corrientes se reunieron más de 350 delegados de las organizaciones territoriales de base, comunidades campesinas, pueblos indígenas  y otras organizaciones de la sociedad civil, en medio de controversias y discusiones sobre la insuficiencia de recursos para atender una gran  cantidad de proyectos como producto del crecimiento vegetativo  del municipio de Riberalta, sumado a los constantes recortes  efectuados por el gobierno, además del incremento de competencias principalmente en salud y educación.

El alcalde municipal, Freddy Mejía, informó que  como consecuencia de la menor cantidad de recursos que  percibirá el municipio, incluso  se procederá a un drástico recorte  de personal en todas las áreas de la administración central, empresas descentralizadas de servicios,  hospitales y postas de salud.

Sin embargo, se acordó un  exhaustivo  plan de gestión y trámite ante  organismos nacionales e internacionales, con el propósito de conseguir financiamiento para proyectos de envergadura  y necesidad colectiva.

Las autoridades municipales decidieron iniciar  acciones penales en contra de empresas constructoras y funcionarios municipales, por incumplimiento en  la ejecución de  obras  programadas en el Presupuesto del año en curso, particularmente por  supuestas irregularidades en el proyecto “Evo Cumple”.

Específicamente  se denunció   en la Fiscalía  a  la empresa  adjudicataria   de una escuela en  el  barrio denominado “Tamarindos”, además de los fiscales, supervisores de obras y dirigentes vecinales del control social, al haberse firmado avances de obras por el 100% de los trabajos, cuando en realidad las obras civiles  “apenas llegan al 41%”.

Este proyecto  superó los 2 millones de bolivianos y  ya fueron desembolsados todos los recursos. Los actuales dirigentes del barrio manifestaron que  “sólo se gastaron unos  600 mil bolivianos”, por lo que urgieron  la adopción de las medidas legales ante las autoridades municipales.

El alcalde, Freddy Mejía,  señaló que   las acciones legales “irán hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, a objeto de recuperar los recursos, establecer responsabilidades y  en este caso castigar a  quienes resultaren  culpables”.

También se denunció a  otra empresa constructora  por  falsedad material e ideológica en el proyecto de ampliación de la unidad educativa “6 de junio”, incluyendo a fiscales y supervisores.  Los documentos dan cuenta de haberse concluido los trabajos, sin embargo  las obras no han sido finalizadas y los desembolsos alcanzaron al 100%, incluidas las garantías, se informó.

Los empresarios  castañeros y zafreros de Beni y Pando lograron acuerdos importantes para  la actual zafra productiva, fijando  el precio de 60 bolivianos por cada caja de almendra puesta en “payoles” o centros de recolección.

Alfredo Rodríguez, dirigente zafrero de Riberalta, manifestó que el precio subirá gradualmente  hasta llegar  a “boca de fábrica” y todo estará refrendado en un contrato de trabajo que establecerá los  respectivos beneficios sociales para los trabajadores.

De esta forma se garantiza la paz social en la región  y la seguridad jurídica  para las inversiones  en toda la región amazónica boliviana, se informó.