El gobierno invierte en 13 hidroeléctricas para transitar “de la nacionalización a la exportación” de energía – HIDROCARBUROSBOLIVIA – 27.11.2009
En la agenda gubernamental también están incluidas las microcentrales de La Punta y Santa Anita en Beni y la Central Tahuamanu en Pando, que suministrarían energía eléctrica a Cobija y regiones aledañas, reemplazando la generación eléctrica con diesel.
Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza tendrá una capacidad cercana a los 1.000 MW, que duplicará la potencia eléctrica instalada en el país. Contempla la construcción de una presa de 37 metros de altura y una esclusa, una central hidroeléctrica y varios generadores/turbinas. Las obras demorarían de siete a ocho años y demandarían una inversión aproximada de 2.000 millones de dólares.
El Estado boliviano intentará recuperar su rol dominante en el sector eléctrico ejecutando a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 13 grandes y medianos proyectos de generación de electricidad con una inversión de entre 5.500 y 6.000 millones de dólares.
El gobierno esbozó su plan de desarrollo del sector eléctrico y ENDE presentó un listado de mega proyectos de generación hidroeléctrica en el Taller Internacional sobre hidrogeneración en Bolivia, organizado por el Viceministerio de Electricidad.
Uno de los objetivos gubernamentales es incluir en la nueva ley sectorial “una compensación a favor de las inversiones en hidrogeneración de manera tal que el costo final de la producción energética sea equitativa a las de la termoelectricidad”.
Una de las “conclusiones preliminares” alcanzadas en el taller es que la exportación de electricidad a países vecinos es viable y posible, tomando en cuenta la demanda y el precio en los diferentes mercados externos.
Sin embargo, representantes del sector empresarial aseguran que los proyectos hidroeléctricos previstos no se concretarán ni serán rentables mientras el Estado no otorgue mayores ventajas al sector privado.
El potencial de Bolivia
Bolivia es un país rico en recursos hídricos y tiene un enorme potencial para la generación hidroeléctrica en los ríos Madera, Beni, Mamoré, Pilcomayo, Bermejo, Grande de Tarija y Tahuamanu, que se equipara o supera la disponibilidad de reservas probadas de hidrocarburos. Sin embargo, también es uno de los países más atrasados en el uso y aprovechamiento de estos recursos, comenta el ex presidente de Misicuni y ex gerente de ENDE Gonzalo Rico.
Según Rico, no existen muchos estudios sobre el potencial hidroeléctrico nacional; los datos, recursos financieros, humanos y materiales son insuficientes; se observa discontinuidad institucional y muchas trabas burocráticas.
“Tramitar una ficha ambiental puede demandar cinco años, los estudios de factibilidad demoran de 1 a 3 años, y falta financiamiento, como es el caso de Misicuni que recién obtuvo un crédito para la generación eléctrica que se tramitó desde 1978″, dice Rico.
Además, el mercado eléctrico boliviano es muy modesto y subvencionado, el consumo per cápita de energía es el más bajo de la región, hay baja cobertura del servicio y ausencia de interconexiones nacionales.
En criterio de Rico, los proyectos hidroeléctricos pueden mejorar sustancialmente la economía nacional, ampliar y garantizar el acceso de la población a energía abundante e impactar positivamente en las actividades productivas, el empleo y los ingresos.
“La soberanía y la preservación de los recursos hídricos depende de su uso”, dice Rico y recomienda “una adecuada planificación y selección óptima de proyectos hidroeléctricos que son intensivos en capital y de largo plazo de maduración”. Opina que “el proyecto binacional del Madera debiera ser la primera prioridad del Estado para la exportación hidroeléctrica”.
Los proyectos
El Presidente Evo Morales se ha comprometido a hacer realidad una cartera de 13 grandes y medianos proyectos hidroeléctricos, informa el viceministro de Electricidad Miguel Yagüe.
Roberto Peredo de la Gerencia de Negocios y Exportación de la estatal eléctrica explca que el proyecto múltiple de Misicuni cuenta con 101 millones de dólares financiados por el BID para iniciar obras en 2010 y generar 80 MW de potencia.
En 2010 comienzan las obras del proyecto San José, que generará 127 MW con una inversión de 195 millones de dólares. Al año siguiente comenzará el proyecto Miguillas en coordinación con COBEE para generar 255 MW con 325 millones de dólares de inversión.
En 2011 se iniciarán las obras de los proyectos de El Bala (1.600 MW para exportación con una inversión de 2.400 millones de dólares), y Rositas en la provincia Cordillera de Santa Cruz (400 MW y 640 millones de dólares de inversión).
En la agenda gubernamental también están incluidas las microcentrales de La Punta y Santa Anita en Beni y la Central Tahuamanu en Pando, que suministrarían energía eléctrica a Cobija y regiones aledañas, reemplazando la generación eléctrica con diesel.
ENDE también desarrolla proyectos de energía alternativa, como la termoeléctrica con biomasa en Pando; la generación de energía eólica en el Altiplano y la explotación geotérmica en Laguna Colorada en Potosí, que cuenta con apoyo de JICA y una inversión prevista de 320 millones de dólares para generar 100 MW.
Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza tendrá una capacidad cercana a los 1.000 MW, que duplicará la potencia eléctrica instalada en el país. Contempla la construcción de una presa de 37 metros de altura y una esclusa, una central hidroeléctrica y varios generadores/turbinas. Las obras demorarían de siete a ocho años y demandarían una inversión aproximada de 2.000 millones de dólares.
La consultora canadiense Tecsult, encargada de los estudios de viabilidad de la explotación hidroeléctrica en el río Madera, informó que el proyecto Cachuela Esperanza será viable en términos económicos si se exporta la producción.
El proyecto será rentable con la condición de que se exporte la mayoría de la producción a Brasil. Según los estudios, para que el negocio sea rentable se requiere cobrar 6,5 centavos de dólar por kilovattio hora.
Con estos proyectos, ENDE intenta concretar el slogan gubernamental de que Bolivia pasa “de la nacionalización a la exportación”.
Las dudas
Los nuevos proyectos hidroeléctricos estatales y privados en Bolivia no son rentables en las actuales condiciones, asegura el ex ministro de Energía e Hidrocarburos y fundador de la compañía Hidroeléctrica Boliviana Angel Zannier.
En su criterio, es altamente improbable que se ejecuten 1.111 millones de dólares de inversión privada en los proyectos de Sakhahuaya, San José, Palillada, Molineros, Pilaya, Miguillas, Taquesi, que en conjunto generarían 826 MW, equivalentes a dos tercios de la producción nacional actual.
Según Zannier, lo mismo ocurre con Cachuela Esperanza, El Bala, Misicuni y Rositas, en los que se estimaba invertir poco más de 5.000 millones de dólares para generar 3.290 MW, casi el triple de la oferta nacional actual.
El experto considera que los principales factores que perjudican la rentabilidad son la subvención del gas natural para la generación de termoelectricidad (1,3 dólares por milla de pies cúbicos); las bajas remuneraciones de las empresas generadoras; los altos costos de operación y mantenimiento no reconocidos por el Estado y los crecientes riesgos para los inversionistas.
Zannier recalca que el Estado calcula que los costos de operación y mantenimiento son de 1,5 por ciento, cuando en realidad se acercan al 10 por ciento.
Para dar viabilidad a los proyectos hidroeléctricos, añade Zannier, es preciso “eliminar la subvención al gas natural; el precio de gas económicamente sensato para la generación de termoelectricidad debería ser de 3,37 dólares el millar de pies cúbicos”.
Además, Zannier propone reducir la participación del Estado en los ingresos del sector eléctrico del 35 por ciento a entre 5 a 8 por ciento, el nivel aceptado internacionalmente.
El gerente de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) José Antonio Ramírez piensa que la expansión de la hidroelectricidad en Bolivia sólo será posible si se avanza en los mercados de exportación, si se aumentan los precios en el mercado eléctrico mayorista, si se revisa la subvención al gas natural, si se mejora el marco normativo y si se otorgan incentivos fiscales a las empresas.
COBEE opera en el país desde hace más de 80 años y tiene dos proyectos de exportación de electricidad al norte de Chile (Pachalaca en Zongo y Miguillas detrás del Illimani) con una inversión estimada de 455 millones de dólares para generar 300 MW, que equivale a la cuarta parte del total generado a nivel nacional.
Según Ramírez, los proyectos de expansión y exportación de electricidad serían viables si se contara con “un marco jurídico claro, una remuneración que cubra los costos de desarrollo y precios al menos entre 60% y 80% mayores a los esperados en el mercado eléctrico mayorista (…) Estamos a la expectativa de la nueva ley de electricidad para tener un panorama claro y tomar decisiones de inversión”.
Los impactos ambientales y sociales
No hay que mentirle a la gente: cualquier proyecto tiene impactos ambientales y es preciso prever medidas de mitigación, aconseja el representante de Tecsult.
Por ejemplo, los efectos más nocivos del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza en el medio ambiente y la biodiversidad serán la alteración y pérdida de agua y vegetación, la migración de peces y la alteración y pérdida de especies de aves. También se impactará en la economía, hábitat y en la forma de vida de los pobladores de las riberas del Madera.
Los impactos a nivel social serán la reubicación de hogares, la pérdida de tierras agrícolas, perturbaciones en la actividad pesquera, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades.
El informe de diseño final del proyecto será entregado en diciembre o enero, junto con el estudio de impacto ambiental en Cachuela Esperanza y Riberalta. Ambos estudios son “confidenciales” y ENDE es la única autorizada para difundirlos.
Tecsult aconseja tramitar una cuota de energía en el mercado brasileño como compensación por los previsibles efectos negativos.
Previendo nuevos frentes de conflicto, el gobierno plantea “reglamentar los derechos y obligaciones de las organizaciones territoriales establecidas dentro el marco de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, de manera tal que no perjudiquen los nuevos emprendimientos hidroenergéticos”.
