Maestros urbanos y rurales protagonizan masivos bloqueos de carreteras en la región y desde ayer martes por la mañana dejaron incomunicada a esta ciudad con el interior del país y la frontera con el Brasil.

Los educadores rurales de la provincia Madre de Dios (Pando) se apostaron en la tranca de la carretera asfaltada a Guayaramerín desde la madrugada, al mediodía el piquete fue reforzado con maestros urbanos de esta capital amazónica, mientras que los maestros rurales del distrito volvieron a apostarse en el puente “Ivon”, carretera al interior.
Los dirigentes sectoriales anunciaron que desde hoy se masificarán los puntos de bloqueo con la participación de otros sectores, no descartándose la toma del aeropuerto de esta ciudad en vista a la falta de solución al problema de las pensiones y la poca atención del gobierno a las demandas de los trabajadores.
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La anunciada toma física de las instalaciones municipales , por parte de los campesinos, se redujo a una ruidosa marcha de pobladores rurales por el centro de Riberalta, en medio de varios dispositivos de seguridad instalados por la policía regional para evitar deterioros a la propiedad pública o el enfrentamiento entre los sectores sociales de esta ciudad amazónica. El cordón de seguridad al edificio municipal fue reforzado por los propios trabajadores ediles a partir del mediodía.
El burgomaestre riberalteño, Mauro Cambero Destre, esperó a los manifestantes a varios metros del edificio y los convocó para una reunión en la sede de la federación de campesinos, a objeto de demostrar que en ningún momento se negó la posibilidad de dialogo, para escuchar a los campesinos en sus planteamientos enfocados a la destitución de varios funcionarios municipales.
En la reunión, el alcalde pidió a los campesinos que presenten pruebas sobre hechos de corrupción o irregularidades supuestamente cometidas por los oficiales mayores de finanzas y desarrollo humano, cuestionados por los campesinos, para de esa forma tomar las determinaciones respectivas, tomando en cuenta que no se puede condenar a nadie sin las evidencias que apunten a la comisión de un hecho delictivo, apuntó la autoridad.
Para este efecto se otorgó un compás de espera de 15 días, durante el cual los denunciantes deberán probar sus afirmaciones a efectos que el burgomaestre (MAS) proceda a la adopción de las medidas pertinentes o en su defecto ratifique su plena confianza en los ejecutivos cuestionados.