Los inmigrantes que llevan tres años viviendo en España tienen opción a regularizar su situación. Con el PP en el poder, no podrán hacerlo si su situación en el país era ilegal, por más que, como permite ahora la ley, puedan acreditar su arraigo social, tras residir tres años, y tengan un contrato de trabajo en el momento de solicitar legalizar su estancia.

El portavoz del PP en temas de inmigración, Rafael Hernando, concretó ayer algunas de las medidas que tiene pensado aprobar su partido cuando se forme el nuevo Gobierno, mediante la reforma de los artículos 123 a 130 del Reglamento, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. “El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional”, afirma Hernando. “Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver”. Solo en algunos casos “muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos”, se mantendrá esta posibilidad.

Al arraigo social se accede básicamente tras permanecer irregular tres años en España y acreditar que se ha logrado un empleo por al menos un año, y al laboral, si se llevan dos años de forma ilegal y se demuestra que se lleva uno trabajando. Desde 2006, la cantidad de personas que han logrado la permanencia por arraigo social o laboral (aunque el segundo es muy minoritario) se fue incrementando de forma considerable (7.427, ese año; 30.231, en 2007; 66.200, en 2008, y 82.300, en 2009), hasta que empezó a hacer mella la crisis económica. El pasado año bajaron a 65.676 y este van, a 30 de junio, 70.684.

Como factores, a la crisis se une la reducción del número de personas irregulares que llegan a España debido, según los socialistas, a las medidas adoptadas por el Gobierno, “como la obligación de entrar con un contrato de trabajo, los acuerdos con los países de origen de inmigrantes y la bajada del número de llegadas en patera hasta alrededor de un centenar de personas al año”, según resaltan fuentes del Ejecutivo.

En cambio, los populares, aunque reconocen la reducción de la irregularidad, consideran que “medidas como el arraigo, la regularización de 2005 o la reagrupación familiar han favorecido la llegada de ilegales”, resalta Hernando. “No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país”, añade.

Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, pide al PP que “respete la normativa actual”. Espera que la consulta que Hernando ha prometido hacer con las comunidades autónomas le haga cambiar de opinión, porque, asegura, “por suerte dentro del PP hay corrientes sociales y progresistas, siempre pegados a la norma y a la Ley”, como la propia asociación. “Lo que corresponde es pensar en las personas que están viviendo en España y no tienen documentos -calcula que pueden ser entre 600.000 y 700.000, aunque otras estadísticas apuntan a un millón-, y se mantengan los arraigos social y laboral”, apunta Paspuel. Como señala, son muchos los inmigrantes que están trabajando y contribuyendo a sacar a España de la crisis, y otros, han perdido precisamente sus papeles por culpa de la situación económica. “Pedimos que se tenga cuidado y no se intenten lanzar unas afirmaciones que desestabilizan la sociedad y a la inmigración”.

“Esperamos que el país empiece a tener una estabilidad económica, y cuando empiece a crecer, necesitará mano de obra”, apunta Paspuel. Recuerda, además, que parte del crecimiento económico que vivió España se debió en parte al trabajo de los inmigrantes, y que “según Naciones Unidas e informes hechos por la UE, en Europa harán falta 40 millones de inmigrantes para garantizar su sistema de bienestar”.

En la misma linea se ha pronunciado el responsable económico de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Gilberto Torres Martínez, que se muestra “perplejo” por el anuncio, aunque admite que lo veían venir. Para Torres, esta medida sería “una violación más de los derechos fundamentales de los inmigrantes” y un error, porque “en lugar de buscar una integración, por el contrario, con este tipo de política se ahonda más en el sufrimiento y en la situación del emigrante que por razones muy personales y por la situación económica, social y política en el país de origen, han tenido que venir a España”. “Lo más preocupante es que se coarte el derecho para poder tener una estancia permanente en España desde la figura del arraigo”, subraya, lo cual impide al emigrante “tener un documento que le acredite como parte de la población”. Recuerda, como Paspuel, que la regularización de inmigrantes en 2005 “contribuyó significativamente, con sus pagos a la Seguridad Social y Hacienda, a que hubiera una economía más solvente en ese momento”.

Inmigración circular

El Gobierno de Mariano Rajoy “vinculará la inmigración al empleo” y facilitará la entrada, asegura Hernando, de quienes vienen a buscar un empleo o quienes firmen un contrato en origen, al tiempo que garantizará su retorno a sus países de orígenes cuando finalice su contrato de trabajo. Es lo que se denomina “un sistema de inmigración circular”. Según Hernando, los populares consideran que el modelo actual incentiva la entrada de personas “sin cumplir los requisitos” necesarios, y fomenta la inmigración ilegal.

“La inmigración circular nos preocupa porque el sistema resta derechos a las personas”, responde Paspuel, que subraya que “experiencias de otros países como Alemania o Inglaterra han fracasado”. La mayoría de los inmigrantes, cuando llegan a un país, se asientan y se quedan, como es el caso de la población turca en Alemania, relata el presidente de Rumiñahui por teléfono, antes de añadir que lo peligroso es no hacer un proceso de integración plena, laboral, política y social.

El PP se propone además crear “un nuevo visado temporal de búsqueda de empleo” con el que será imprescindible haber llegado al país para poder acceder posteriormente a la regularización. Hernando asegura que “al menos desde 2005, alrededor del 60% de los inmigrantes que se han regularizado entraron en España con un permiso turístico”. Este visado se conseguiría solo si pueden probar que tienen un contrato en origen o una oferta de empleo. Paspuel insiste, sin embargo, en que la mayoría de los extranjeros que llega ahora a España, que son cada vez menos, lo hace “necesariamente con visado de trabajo”.

Si trascurrido un tiempo el inmigrante no consigue el empleo, el PP plantea que deberá regresar a su país, aunque según Hernando, conservará el permiso de residencia para que si vuelve a encontrar empleo “regrese tranquilamente sin ningún trámite burocrático”. El sistema se basará en las listas del INEM de ocupaciones de difícil cobertura, aunque los puestos solo se pondrán a disposición de extranjeros cuando ningún español cubra la vacante. Hernando ha señalado que en profesiones como la de temporero, es decir, trabajos temporales en la agricultura, siempre hay demanda de obra de mano extranjera.

“Pedimos otras alternativas que permitan que España sea un país progresista, que salga adelante, como hemos venido haciendo, participando de todos los procesos políticos, económicos y sociales. Hoy más que nunca, en la crisis, debemos trabajar como un solo hombre para sacar adelante el país”, solicita Gilberto Torres, de FERINE.

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