Pablo Ortiz. Cobija

Claudia Silvana Salas está sentada en una mesa larga, situada al medio de una habitación húmeda, de paredes desnudas y grises. Ella vocifera contra un policía que permanece tieso y en silencio a su lado. “Claro que tengo abogado. Esto es mentira, yo no he consumido bebidas alcohólicas aquí. Esto es porque denuncié a un teniente y dos policías por manosearme”, le grita, mientras firma un comparendo para presentarse en la oficina del gobernador del penal de Villa Busch.

Salas lleva dos semanas presa, pero su fiereza combina a la perfección son su camiseta con estampas de piel de tigre. Ella denunció al gobernador de Pando, Luis Flores Roberts (MAS), de haber tejido una red de corrupción con ayuda de su familia para apropiarse del dinero de la Gobernación y la familia del gobernador respondió con una demanda por robo que la tiene presa.
El calor es casi insoportable pese a que estamos en invierno, pero en la celda de Salas todo parece hervir. Ahí se encierra para contar su verdad. Dice que el gobernador y su familia crearon tres empresas para venderle artículos de escritorio a la Alcaldía de Cobija, primero, y a la Gobernación de Pando, después, y que en muchas oportunidades los artículos nunca salieron de la librería Franz Tamayo.

Esta declaración la respalda con los libros contables de dos de las supuestas empresas contables, Roca Import Export y Carsa Internacional. El gobernador Flores, de forma escueta, responde que esto es un problema personal entre su familia y la exfuncionaria de la Franz Tamayo y deja el caso en manos de la justicia.
Y la justicia está involucrada en el caso de dos formas. La primera es en el caso de la familia Flores Roberts contra Salas, a la que acusan de haber cobrado cuatro cheques por Bs 72.000. Por este proceso, la casa de Salas fue allanada y se secuestraron bienes y documentación. Ella fue cautelada y enviada a la cárcel.
La segunda es la denuncia que Vicente Rocha, presidente del Comité Cívico de Pando, presentó contra el gobernador en la Fiscalía de Pando. Roberto Illánez, fiscal anticorrupción asignado al caso, explica que el proceso “está en pañales” y que esta semana citará al gobernador para una declaración informativa.
Mientras el caso en su contra avanza raudamente, Salas se sienta sobre la cama de una plaza con colchón de paja y ofrece uno de los dos tocos hechos con madera de cajones de manzana que tiene en su celda. El mobiliario lo completa una mesa endeble tapizada de perfumes y esmaltes para uña.
Salas ahora es acusada por el gobernador y su familia de haberlos estafado y de intentar extorsionarlos a cambio de su silencio. También que tuvo problemas con la ley al haber acuchillado a algunas personas. Ella misma reconoce que los Flores Roberts la acusan de haber matado a una persona en Guayaramerín en 2002, pero asegura que es falso, que ese año tenía solo 17 años y vivía en Riberalta, no en ‘Guayará’.
Sin embargo, Salas se convirtió en una ‘peligrosa delincuente’ solo hace un mes. Ella trabajó en la librería Franz Tamayo en varias oportunidades entre 2004 y 2009, cuando ingresó por última vez para hacerse cargo de la contabilidad (es secretaria ejecutiva y tiene estudios de contaduría) de las empresas ABC Internacional, Roca Import Export y, después, Carsa Internacional.
Asegura que cuando volvió a trabajar en 2009 ya estaban creadas las empresas ABC y Roca. Pese a que tenían direcciones distintas (la Roca en la av. Internacional S/N y la ABC en la Bruno Racua esquina Nicolás Suárez), las dos se manejaban desde la oficina de la Franz Tamayo y existían solo en papeles.  María Isabel Roca figura como propietaria de la Roca Import Export, pero ahora trabaja como niñera en una casa cuna que depende de la Gobernación de Pando y percibe un sueldo inferior a Bs 1.000. Cuando se la buscó en Cobija informaron de que la habían convocado a Recursos Humanos. Cuando se la contactó por teléfono, pidió 10 minutos para responder a las acusaciones. Luego apagó su celular. Salas asegura que Roca y la falsa dueña de ABC recibían Bs 1.000 por mes por cobrar los cheques que salían a su nombre de la Alcaldía de Cobija. Estos montos eran cobrados y entregados a la familia Flores Roberts.
A Salas le tocó hacer los trámites para abrir Carsa Internacional. Asegura que el dueño, Carlos Saavedra Pérez Velasco, tenía miedo de participar en la operación, que decía que iba a terminar preso, pero igual lo hizo. Salas cuenta que una de las pruebas de que las empresas están vinculadas es que todas funcionaron en casas que pertenecen a la madre del gobernador, Rosa Roberts. Es más, Roca y Carsa tienen la misma dirección y en la documentación que tiene Salas figura una copia de pago de impuestos de un inmueble de la av. Internacional S/N a nombre de Roberts.
En esos mismos papeles figuran las facturas de venta de mercadería de la librería Franz Tamayo a Carsa y luego el traspaso de esta a la Gobernación. En todos los casos fueron hechos por la misma persona. La letra de Claudia Salas figura en los documentos. Es más, en los libros de compra de Carsa las únicas adquisiciones que figuran aparte de las extendidas por Roberts son tarjetas telefónicas de las empresas Tigo y Entel.
Cuando uno visita Carsa, cuesta creer que sea una empresa próspera. La empleada que atiende la empresa, una habitación de unos 24 metros cuadrados, atiborrada de cartapacios, material de escritorio y artículos de plástico, cuenta que hay pocos compradores porque la librería está mal ubicada, que en la zona solo hay venta de repuestos para motos y que cuando alguien quiere comprar material de escritorio va al centro.
Saavedra llega en su moto y niega cualquier acto de corrupción. Reconoce que su mercadería la compra en la librería de la madre del gobernador, asegura que también hace compras en otros establecimientos, pero en sus libros de compra no existen registros de ello. También admite que no tiene recursos como para importar mercadería de forma directa y que no demandará a Salas. “Lo que quiero es que devuelva mis papeles. Que la enjuicie el gobernador”, dice el hombre, visiblemente cansado del problema.
El gobernador, mientras tanto, insiste en que este es un problema personal entre Salas y su familia y que se volvió político, anuncia juicios contra ella por uso de instrumento falsificado. Añade que está dispuesto a someterse a cualquier investigación. Mientras, Salas sigue presa en la cárcel de Villa Busch, asegura que su problema con Flores es personal, no político, y que está dispuesta a todo para demostrar que el gobernador “se roba la plata del pueblo”.

Los supuestos Pasos

Empresas. Según la denuncia de Claudia Silvana Salas, el exalcalde de Cobija y actual gobernador de Pando, Luis Flores Roberts, y su familia crearon tres empresas a través de testaferros para apropiarse de contratos y el dinero de ambas instituciones.

Los ‘dueños’. Salas indica que ABC Internacional estaba a nombre de una mujer ligada sentimentalmente a un hermano del gobernador; Roca Impor Export era de María Isabel Roca, extrabajadora de la librería Franz Tamayo y del Ministerio de Trabajo y actual funcionaria de la Gobernación de Pando. Carsa es de Carlos Saavedra Pérez Velasco, un escritor cobijeño.

Vinculados. En todos los casos sus únicos clientes significativos eran el municipio de Cobija (ABC y Roca) y la Gobernación (Carsa). El resto de las ventas facturadas son bajas o extendidas a nombres de personas que no figuran en el padrón electoral de Pando (inventados).

Proveedor. En el caso de Carsa, el único proveedor registrado en sus libros es la empresa Franz Tamayo, de propiedad de la madre de Luis Flores, Rosa Roberts. Saavedra defiende su derecho de comprar al que desee. Hay una compra en la que adquiere mercadería por un monto cercano a Bs 19.000 y la vende a la Gobernación de Pando con una diferencia de Bs 6.

Denuncias. El presidente del Comité Cívico de Pando envió la documentación proporcionada por Salas a la Fiscalía de Pando, a la Asamblea Legislativa Departamental y al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En la Fiscalía y la Asamblea Legislativa ya se iniciaron las investigaciones y Flores será citado.

Una mujer contra una familia poderosa
La tesis de defensa del gobernador Luis Flores Roberts de que Claudia Silvana Salas ha convertido una pelea personal en un asunto político tiene sus fundamentos en los problemas que tuvo Salas con uno de sus hermanos desde  principios de año.
Según admite la misma Salas, todo se inició en enero, cuando ella exigió el pago de bono de frontera, algo que le fue negado. Por su trabajo, asegura que recibía un sueldo de Bs 3.420, pero pese a ser un sueldo aceptable para Cobija, ella se consideraba explotada, ya que era usual que se quedara hasta medianoche para terminar los libros de las supuestas empresas fantasmas y la de la librería Franz Tamayo, que sí funciona en el centro de Cobija y que actualmente se está ampliando para convertirse en un edificio de cuatro niveles.
Salas asegura que se ‘rebeló’ porque ni siquiera pagaban todo el monto para las AFP, ya que asegura que la Franz Tamayo maneja doble planilla para evitar pagos a las AFP y la Caja Nacional de Salud; pese a que el personal gana entre Bs 1.200 y 3.500 en planilla figuran con sueldos que apenas pasan los Bs 15 al sueldo mínimo. En cambio, desde el lado de la familia del gobernador, la acusan de haberlos querido extorsionar y muestran como prueba un video en el que se habla de un monto de Bs 500.000 a cambio del silencio de Salas. Ella dice que le tendieron una trampa.

Rocha busca sanciones para Flores
Vicente Rocha ya sabe qué es estar muerto. Lo estuvo por casi tres meses, luego de que su nombre fuera incluido como una de las víctimas campesinas del enfrentamiento y masacre del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir. Junto a otras tres personas figuró como muerto en el informe sobre los hechos de la Unasur y salió de la clandestinidad en enero de 2009 para aclarar que seguía con vida.
Ahora es el presidente del Comité Cívico de Pando y principal acusador del gobernador Luis Flores Roberts. Personalmente presentó las denuncias por supuesta corrupción ante la Fiscalía, la Asamblea Departamental y el Ministerio de Transparencia.
Según el gobernador, Rocha tendrá que responder en un juicio que le seguirá por uso de instrumento falsificado y ya no representa a los cívicos de su departamento, porque ocho de los diez directores lo desconocieron. Rocha se defiende y asegura que los directores ya habían sido suspendidos de sus funciones por no asistir a  las reuniones cívicas y que si bien es cierto que perdió un fallo en la justicia fue por presentar un recurso de amparo antes de agotar otras vías legales.
El cívico asegura que no tiene miedo a las posibles demandas del gobernador y que aún espera que la autoridad demuestre que no malversó fondos públicos.