El gobernador beniano, Ernesto Suárez, quedó con un pie afuera ayer luego de la imputación formal que presentara la Fiscalía de Distrito a instancias de la Contraloría General de la República por los gastos en el referéndum de aprobación de los Estatutos Autonómicos en junio del 2008.
El inicio de juicio ocurre 20 días después que el vicepresidente Álvaro García Linera amenazara con cárcel a quienes elaboraron los Estatutos Autonómicos. “Convocaron a un referéndum y usaron recursos públicos. Yo les dije aquí en este Congreso pasará cuatro, tres o veinte años. Las personas que armaron el referéndum serán castigadas y pagarán sus penas en la cárcel.”, dijo el 5 de julio.
La Fiscalía del Distrito del Beni imputó al Gobernador por el gasto de Bs 3,3 millones para la entonces prefectura.
La imputación también involucra a Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés, ex presidente en Ejercicio del Consejo Departamental; a los entonces consejeros departamentales Fabián Antonio Rodal Coelho, Celín Silva Julio, Carlos Naggib Zeitun Oliva, Christian Marcelo Justiniano Fernández, Zajir Daguer Barba, Luis Fernando Simón Hiza, Elvira Lourdes Mavric Quevedo de Ibáñez, César Román Vaca, Ginger Llapiz Leigue, Luis Fernando Selum Rivero y a Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz.
También incluye a los entonces miembros de la Corte Departamental Electoral de Beni Zulema Gutiérrez Ortiz de Chávez, ex presidenta y a los ex vocales Elfia Becerra Roca, Rossana Hurtado de Morant, Víctor Edgar Moreno Morales y a Ronald Martorell Roca,
La denuncia también abarca al entonces nombrado responsable de la Unidad Ejecutora (del referéndum en cuestión) Miguel Antonio Chávez Bacigalupo por la ejecución presupuestaria del referéndum.
En la Gobernación beniana no conocía oficialmente ayer la imputación pues Ernesto Suárez se encuentra en Estados Unidos, con un permiso oficial para un tratamiento médico y en su lugar está Alex Ferrier, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental por el (MAS).
El diputado cruceño opositor, Tomás Monasterio, dijo que se trata del tiro de gracia contra otra autoridad electa el 5 de abril y que el MAS toma “en mesa” lo que no pudo ganar en las urnas, además que la Asamblea es dominada por el MAS.
Se trata del segundo gobernador opositor con imputación formal pues el cruceño Rubén Costas tiene abierto dos procesos también por los gastos de aprobación de los Estatutos mientras que contra el tarijeño Mario Cossío hay una decena de denuncias pero aún no existe una imputación formal.

la imputación y lo que dice la ley

Según la Contraloría •  Suárez, en su condición de prefecto del Beni, cometió junto con otras personas los delitos previstos en los artículos 144, 153, 154 y 224 del Código Penal. Según los comprobantes de ejecución presupuestaria el proceso tuvo un costo de 3.319.060 bolivianos para la entonces Prefectura.

El procedimiento • Se abre un período de investigación de seis meses que puede concluir antes al cabo del cual el Ministerio Público presenta la acusación formal ante el juez de turno en lo Penal y en caso de ser aceptada se da paso al juicio formal.
La suspensión • La Ley Corta de Transición a los gobiernos autónomos y la Ley Marco de Autonomías establece que cuando un juez conoce formalmente el caso entonces procede la suspensión del Gobernador, Alcalde, o Asambleísta como ha ocurrido con Jaime Barrón de Sucre y dos alcaldes cochabambinos.

Cívicos analizan medidas

Los dirigentes cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, se reunirán mañana en Tarija para analizar, entre otros temas, la persecución política que ha iniciado el Gobierno contra opositores a su régimen
Según la tarijeña Patricia Galarza verán posibles acciones a seguir en defensa de las autonomías y la democracia.
El cívico beniano, Felzi Guzmán, dijo que no puede ser que se siga juicio por los Estatutos que han sido reconocidos por la Constitución Política del Estado.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagómez, condenó la persecución que hace el Gobierno a autoridades electas democráticamente mientras que el cívico cruceño, Luis Núñez, dijo que “son leyes malditas” las que aprobó el Gobierno contra los autonomistas.

Hay un alcalde del MAS con una sentencia

denuncia

Con sentencia ejecutoriada está el alcalde del MAS, Róger Terceros Velásquez de Mairana, por una malversación de Bs 250 mil denunció ayer el diputado por Convergencia, Luis Felipe Dorado, señalando que el partido de Gobierno no ejecuta los procesos como lo hace contra los opositores.
“La Ley sólo aplica para los opositores y no se aplica para los otros, en el 2008 salió la sentencia y el auto de vista de la Corte de Distrito en el 2009”, dijo el diputado opositor, aclarando que el proceso tuvo una apelación que llegó a instancias en Sucre.
El burgomaestre Terceros es procesado por la malversación en la gestión que tuvo entre 1999 al 2001 y fue la siguiente gestión que inició las demandas.
El diputado aseguró que el alcalde, que se presentó en las elecciones del 4 de abril con el MAS y ganó, accedió a pagar un tercio de la deuda, equivalente  a Bs 38 mil pero al ser una deuda compartida entre el municipio y el Estado, fue rechazada.
Según la Ley Marco de Autonomía y la Ley Corta Autonómica sólo basta una acusación formal para suspender a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales.
Los también diputados de Convergencia Jessica Echeverría, Vanesa Moreno y María del Carmen España, que acompañaron a hacer la denuncia, conminaron al Ministerio Anticorrupción y al concejo municipal de Mairana que actúe correctamente destituyendo de su cargo a esta autoridad.
“La Fiscal de Distrito tiene que tomar las medidas correspondientes y llevar adelante una acción judicial a esta autoridad que ha incurrido una serie de delitos que va en contra de la economía de una población”, dijo la diputada Moreno.