Sectores organizados en alerta.

En Guayaramerin: Juez demanda a periodista por supuesta calumnia e injuria. El caso fue trasladado  a Riberalta.

Inauguran plan combinado de seguridad ciudadana en Riberalta.

El ministro de gobierno, Sacha Llorenti,  inauguró el Plan Combinado de Seguridad Ciudadana, mediante el cual las fuerzas armadas se suman a las estrategias del comando regional amazónico de la policía nacional.

Llorenti procedió a la entrega de 10 motocicletas para apoyar el trabajo y reducir los elevados índices de delincuencia en la zona y anunció que las unidades castrenses están para apoyar el trabajo de la policía cuando así se lo requiera.

La autoridad ministerial manifestó que el trabajo de seguridad ciudadana comprende no solo a la policía y las instituciones militares, sino que deben sumarse la municipalidad y todas las instituciones públicas como privadas.

El ministro de gobierno convocó a los militares y a la policía a que asuman con mucha responsabilidad  el tema de seguridad ciudadana, que ha sido priorizado como fundamental por la administración del presidente Evo Morales.

Comprobándose que esta visita del dignatario forma parte de la campaña oficialista, Llorenti señaló que “hay que saber elegir autoridades  departamentales y municipales el próximo cuatro de abril, comprometidas con los programas de seguridad ciudadana y desarrollo, especialmente por los candidatos del Movimiento al Socialismo que cumplirán un plan  estratégico para lograr una seguridad ciudadana verdadera”, concluyó.

Por su lado el comandante de la policía amazónica dijo que de forma inmediata se coordinarán planes y acciones para revertir el cuadro de inseguridad ciudadana, que el último fin de semana dejó un fallecido en un enfrentamiento entre pandillas y otros  de riñas y peleas callejeras.

En Guayaramerin

Juez demanda a periodista por supuesta calumnia e injuria. El caso fue trasladado  a Riberalta.

El juez del Distrito de Guayaramerin, Waldo Quezada, demandó al periodista Miguel Mercado por la supuesta comisión de los delitos de calumnias e injurias, no pudiendo lograrse la conciliación  en el despacho de la jueza se sentencia de Riberalta, Jessica Zeitún Oliva.

La jueza Zeitún trató por todos los medios de encontrar un punto de conciliación para evitar  extender el caso, pero ambas partes mantuvieron su posición tanto de sentirse ofendido, como de no haber mencionado en ningún momento el nombre del mencionado juzgador en sus comentarios periodísticos.

El comunicador Mercado reclamó que su caso debe ser conocido por un jurado de imprenta, alegando fuero sindical y amparo de sus organizaciones regionales, departamentales y nacionales del sector de la prensa organizada.

El periodista manifestó que si alguna persona, o en todo caso el acusador, se sintió ofendido, mediante la audiencia pública procedería a la retractación pese a considerar que no hubo en ningún momento ofensas en sus comentarios públicos.

Tal situación no fue aceptada por la parte querellante y  la audiencia fue suspendida,  para que dentro de los plazos establecidos por ley se convoque a una nueva audiencia para sustanciar el proceso ordinario en el caso.

La demanda presentada por el administrador de justicia Waldo Quezada se fundamentó en las opiniones vertidas por Mercado en su programa televisivo de Católica de Televisión en sentido que” la justicia está venida a menos  y en muchas ocasiones sirve al mejor postor”, y que la misma está más vapuleada que nunca con los atropellos contra el poder judicial y su independencia. Esos comentarios ofendieron al juzgador quien la emprendió querellándose contra el periodista.

Sectores organizados en alerta.

Los sindicatos de trabajadores de la prensa, radio y televisión de Guayaramerin y Riberalta y la Asociación de Periodistas de la Provincia Vaca Díez se declararon en estado de alerta, contra lo que consideran un nuevo atentado contra la libertad de prensa, información y opinión, derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y no descartan acciones de defensa férrea a uno de sus miembros, a tiempo que piden garantías para el libre ejercicio de l información.