En Riberalta está previsto que hoy empiece el juicio por la desaparición de los franceses Jérémie Bellanger y de Fannie Blancho, el 28 de agosto de 2010 en Guayaramerín.

El proceso se vislumbra complicado. Hasta ahora, los cuerpos de los jóvenes no han aparecido, a pesar de que las familias ofrecieron una recompensa de veinte mil dólares a quien dé datos sobre su paradero.

El principal sospechoso es Jaime Martínez Jiménez, propietario de una hacienda en Guayaramerín, donde la pareja fue vista por última vez. Martínez estuvo prófugo un tiempo, pero la Policía logró detenerle y está en prisión en Guayaramerín desde octubre de 2010. Otros dos supuestos implicados en el caso, un hombre y una mujer, también están presos, mientras que el padre del principal sospechoso, Azard Martínez, tiene arresto domiciliario.

La hipótesis es que los jóvenes fueron asesinados después de que varios hombres violasen a Fannie y Jérémie intentara detenerlos.

Los padres de Jérémie se quedaron a vivir en Guayaramerín para impulsar el proceso penal que tuvo una serie de incidentes y demoras. Los familiares de Jérémie y Fannie recusaron a varios jueces porque eran familiares de los detenidos o de sus abogados, pero además se cambió de fiscal seis veces. En los últimos 18 meses el caso avanzó a cargo de la fiscal Cinthia Natush, pero ella pidió ser excluida del proceso porque fue amenazada.

El tribunal, que debía ser integrado por dos magistrados, cuenta sólo con uno. Ese hecho despierta cierta susceptibilidad en los familiares de las víctimas pues temen que falte imparcialidad.

Según el padre de Jérémie, un testigo supuestamente vio a Martínez matar a su hijo fuera de una casa donde estaban; luego escuchó un disparo dentro y vio cómo el cuerpo de Fannie era sacado de la vivienda y subido a una camioneta junto al cadáver del muchacho. Martínez no confesó el doble asesinato, pero un guardia de la cárcel le escuchó decir a otro preso que les sería difícil encontrarlos “porque él era el único que sabía dónde están los cuerpos”.

En este caso, los operadores de justicia se enfrentan a una prueba que puede devolver la credibilidad en el sistema, o confirmar la desilusión ante la administración de justicia. La población de dos países está pendiente de los resultados de este sensible caso.

Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0506/noticias.php?id=93817