Transportistas públicos y particulares, junto a las organizaciones cívicas de Guayaramerín paralizaron por completo la frontera por espacio de 24 horas, exigiendo la presencia de una comisión técnica aduanera “ con poder de decisión”, para solucionar definitivamente el problema de los autos indocumentados, permitiendo que los conductores gocen de la seguridad jurídica para realizar sus actividades.

El paro fue total y favorecido por una torrencial lluvia que cayó desde la noche anterior, habiéndose bloqueado la carretera troncal a Riberalta, los accesos al aeropuerto, el puerto fronterizo con Brasil, con la suspensión de las clases y las actividades comerciales que permanecieron cerradas durante gran parte del día, según reportó radio Riberalta.
Los dirigentes señalaron que adoptarán otras medidas si es que la Aduana no atiende sus planteamientos para legalizar los carros, además que piden que cesen las amenazas de posibles operativos para incautar las movilidades.

El abogado de la oficina de Derechos Humanos, Jonny Cárdenas, se declaró en la clandestinidad desde la noche del pasado lunes 25 de marzo, aunque no fueron precisados los motivos que condujeron a la adopción de esta medida.
Cárdenas apareció en un programa de televisión denunciando que había recibido amenazas directas contra él y su familia, por lo que determinaba ponerse a buen recaudo hasta que se le otorguen las debidas garantías para realizar su trabajo ligado a la defensa de los derechos de los sectores populares, entre ellos los indígenas y los campesinos.
Cárdenas participó en las diferentes marcha indígenas por la defensa del Tipnis, estando constantemente ligado a los pueblos indígenas amazónicos, además de un trabajo de asesoramiento a personas de escasos recursos económicos procesados por diferentes motivos.
Se aguarda el pronunciamiento de las autoridades del ministerio público y de las organizaciones sobre la posición del jurista.